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Tres familias ratifican las denuncias por incitación al odio contra el colegio Mossèn Vives de la Seo de Urgel

escuela seo copia

Los denunciantes aseguran que uno de los alumnos, hijo de una guardia civil, habría sufrido humillaciones e incluso agresiones

Las tres familias que denunciaron a la escuela Mossèn Vives de La Seo de Urgel porque una profesora hablara de las cargas policiales durante el 1-O en una clase donde había hijos de guardias civiles han acudido este miércoles a los juzgados de la capital de Alt Urgell para ratificar la denuncia.

Según las denuncias, uno de los alumnos habría sufrido “humillaciones, insultos e incluso agresiones” porque su madre es guardia civil, lo que conocen el resto de compañeros y profesores. Estos hechos se habrían producido el 3 de octubre.

El juez abrió la investigación por un presunto delito de incitación al odio en el colegio Mossèn Vives por supuestos comentarios realizados por profesores, así como actitudes presuntamente amparadas por el director del centro escolar, siendo uno de los menores supuestamente insultado hijo de una agente de la Guardia Civil.

Según ha informado el TSJC, los denunciantes han acudido a los juzgados para el trámite de ofrecimiento de acciones. De la misma forma, el TSJC ha asegurado que los denunciantes no están constituidos como acusación particular en la causa.

"Podría ser que los profesores y el director del centro educativo, incitaran de manera directa a sus alumnos (de edades muy tempranas y en consecuencia moldeables, máxime por quien ostenta un principio de autoridad frente a ellos) a la comisión de hechos mínimamente concretados de los que pueda predicarse la discriminación, el odio, hostilidad o la violencia", sostenía el juez.

El juez seguirá ahora con la instrucción de las diligencias con los trámites que considere oportunos por este presunto delito de incitación al odio en el ámbito escolar.

Después de que los padres se quejaran al Departamento de Enseñanza de lo ocurrido en clase, la dirección de la escuela decidió cambiar a los menores de aula.

Educación avisa de que si la consejera catalana no contesta antes del 27 al primer requerimiento, irá a los tribunales.


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