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135.600 euros costará reparar los vehículos de la Guardia Civil destrozados en la Consejeria de Economia

la guardia civil pasa la factura

La Guardia Civil ya ha hecho cuentas. En un informe elevado por el instituto armado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga el delito de sedición en el que habrían incurrido varios altos cargos de la Generalitat, los agentes detallan los gastos que conlleva reparar los tres vehículos oficiales modelo Nissan Patrol que fueron destrozados por violentos manifestantes independentistas durante las protestas del pasado 20 de septiembre.

En concreto, el montante total al que asciende el arreglo de los tres coches, que se encontraban aparcados frente a la sede de la Consejería de Economía del Govern, asciende a 135.630 euros. El primer automóvil costará 33.729 euros repararlo, el segundo, 34.708 y el tercero, 67.193, según reflejan los presupuestos pormenorizados elaborados por unos talleres de Barcelona.

Ruedas pinchadas, cristales rotos, parachoques dañados, luces destrozadas, espejos reventados, parabrisas partidos, salpicaderos hundidos, apoyacabezas salidos, lámparas fundidas, capós destruidos, chapas abolladas y rayadas, tapicerías rajadas, rejillas destruidas, asientos repletos de basura y excrementos o motores despedazados son algunos de los elementos que deben devolver a la normalidad los mecánicos que han elaborado los tres presupuestos, que en algunos casos conllevan la renovación completa de piezas como el motor o el salpicadero entero.

El volcado de basura y otros despojos por parte de los manifestantes, además, conlleva la necesidad de que los tres vehículos deban ser limpiados y desinfectados por completo para que vuelvan a estar disponibles para ser utilizados por los agentes, como igualmente detallan los citados presupuestos elaborados por los talleres especializados, que incluyen también volver a pintar los coches.

Los vehículos sufrieron el ataque violento de los independentistas durante las protestas callejeras que surgieron después de la detención de altos cargos del Govern por parte de la Guardia Civil. Los altercados trataron de impedir el mandato de entrada y registro en la sede de la Vicepresidencia de Economía y Hacienda de la Generalitat que había ordenado a los miembros del instituto armado el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

La Guardia Civil ya ha hecho cuentas. En un informe elevado por el instituto armado a la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que investiga el delito de sedición en el que habrían incurrido varios altos cargos de la Generalitat, los agentes detallan los gastos que conlleva reparar los tres vehículos oficiales modelo Nissan Patrol que fueron destrozados por violentos manifestantes independentistas durante las protestas del pasado 20 de septiembre.

Los hechos fueron denunciados por las asociaciones de guardias civiles. "¿Cuánto más tendremos que aguantar?", protestaron desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la más numerosa del cuerpo, que criticó que los agentes de la benemérita tuvieran que permanecer atrapados durante varias horas en la sede del departamento de Hacienda con motivo de estas protestas callejeras y con el fin de salvaguardar su integridad. Los últimos, de hecho, no pudieron abandonar el sitio hasta poco después de las siete de la mañana del día siguiente.


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