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En la primera sesión del juicio por el 9N, Homs lo niega todo: 'La orden del Constitucional no era clara'

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El diputado de PDeCAT y exconseller de Presidencia Francesc Homs ha declarado este lunes ante el Supremo, en el juicio contra él por el 9N, que el Govern hubo de elegir entre los derechos políticos de los ciudadanos y una providencia del Constitucional que no prohibía claramente el proceso participativo.

A Homs se le acusa de prevaricación y de desobediencia al haberse saltado la orden del Tribunal Constitucional (TC) de no celebrar esta consulta ilegal que tuvo lugar el 9 de noviembre de 2014. En su defensa ha declarado que aquella prohibición sobre el proceso participativo no fue clara. De hecho, ha recordado que la Generalitat pidió una aclaración al TC "y esa aclaración no se produjo".

"Estaban en juego los derechos fundamentales a la participación política de los ciudadanos y, al lado, una providencia inconcreta, que era un automatismo del Constitucional, algo que no es estrictamente una resolución judicial... y en ese marco el Govern tiene que tomar decisiones", ha añadido.

Su argumentación trata de defender que, si por un lado el Tribunal Constitucional prohibió, de manera indudable, la consulta del 9N, no fue tan clara su anulación de la convocatoria posterior, el proceso participativo, el que finalmente se celebró.

"En ese contexto, no fácil, tomamos la decisión de celebrar no una consulta, que había sido prohibida por una providencia anterior que sí fue clara, sino un proceso participativo", ha señalado.

Esta también fue la estrategia de Mas en su juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por esta consulta ilegal. El fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, dijo en la última sesión del juicio que si Mas hubiese aceptado el interrogatorio por parte del fiscal, lo primero que habría hecho es pedirle al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que le mostrara la providencia del TC del 4 de noviembre que suspendía la consulta del 9N para preguntarle: "¿qué es lo que no entiende?".

"Y a partir de ahí habríamos empezado a hablar", sostuvo el fiscal, que posteriormente recordó que la providencia del TC suspendía el proceso de participación y "las actuaciones de preparación de los poderes públicos" sobre el mismo: "para cualquier lector medianamente escrito eso estaba clarísimo", subrayó.

La Fiscalía pide 9 años de inhabilitación

El Tribunal Supremo debe dirimir si Homs ha de ser inhabilitado para ejercer cargo público durante nueve años. Esa es la petición de pena del fiscal, mientras que la defensa solicita la absolución desde un presupuesto clave: no fue apercibido de que podía estar incurriendo en ese delito por el Tribunal Constitucional, que suspendió la consulta con un escrito "genérico e inconcreto".

Una sala integrada por siete magistrados ha escuchado esta mañana el interrogatorio de Homs y por la tarde, a los testigos del fiscal, cuyas propuestas de prueba ha aceptado en su totalidad. Los testigos de la defensa, entre los que destaca el expresident Artur Mas, comparecerán el martes 28 a las 16.00 horas.

El Supremo no ha aceptado que comparecieran, citados como testigos de la defensa, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente del Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, y el ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce.

Aunque acuda como testigo, Mas "será advertido de su derecho a no contestar a aquellas preguntas que puedan resultar perjudiciales para su defensa", según ha aclarado el Supremo en su citación.

El expresidente catalán está pendiente de sentencia por los mismos hechos ante el TSJC y tiene derecho a no declarar en contra de sí mismo. En el otro tribunal el fiscal pide diez años de inhabilitación para Artur Mas y nueve para las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau. Considera que "rompieron las reglas del juego democrático".


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