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La Guardia Civil identifica a 4.000 víctimas de una red de ‘sextorsion’ con el epicentro en Teruel

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La banda forzaba a los usuarios de una web de prostitutas a pagar entre cientos y miles de euros a cambio de no revelar esas prácticas a su entorno familiar. Amenazaban en ocasiones a las víctimas con palizas para agilizar el pago de los chantajes. Un juez turolense intenta que la Audiencia Nacional se haga cargo de las diligencias ante su desmesurada magnitud para un juzgado de provincias

La Guardia Civil ha conseguido identificar a “un total aproximado de cuatro mil potenciales perjudicados” por una supuesta banda de delincuentes dedicada a la ‘sextorsion’ que operaba en todo el país y que ha sido desarticulada a raíz de una investigación coordinada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, cuyo titular, Jerónimo Cano, intenta que la Audiencia Nacional se haga cargo de las pesquisas ante su desmesurada magnitud para un juzgado de provincias, según informó el TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón).

El grupo de extorsionadores, cuya actividad saltó a los medios a principios del año pasado tras ser identificado y detenido el futbolista del Levante Toño, contactaba con usuarios de una web que ofrece servicios de contactos y también de prostitución para amenazarlos con revelar en sus entornos, principalmente en el familiar.

El chantaje incluía en ocasiones la amenaza de que, en caso de no pagar o retrasarse en el desembolso, la víctima iba a recibir en su propio domicilio la visita de unos matones procedentes de países del este europeo para apalearlos, e incluso matarlos, aunque las agresiones nunca llegaron a producirse, a tenor de los delitos investigados en la causa: amenazas y extorsiones, además de otros contra la intimidad, falsificación, usurpación de estado civil y blanqueo, junto con otro de integración en organización criminal.

Hasta 25.000 euros

Los afectados, pagaban cantidades que iban de unos cientos a varios miles de euros (hasta 25.000) a cambio del silencio de los extorsionadores.

Sin embargo, el chantaje no cesaba. Las nuevas exigencias de dinero tras un primer pago llevaron a uno de los extorsionados a presentar en el cuartel de la Guardia Civil de Sarrión (Teruel) la denuncia que originó las pesquisas, que poco después se extendían a varias provincias más.

Los pagos se efectuaban mediante transferencias a una serie de cuentas bancarias de vecinos de Valencia que las retiraban de manera inmediata a cambio de dos comisiones del 5%, una para quien movía los fondos y otra para quien organizaba el trasiego, antes de salir hacia cuentas abiertas con pasaportes de un país africano, desde donde la organización, cuyos dos presuntos cabecillas llevan varios meses presos en Teruel, se hacía con el botín.

Las pesquisas apuntan a que la red estaba dirigida por I. B. y M.F., ambos veinteañeros y vecinos de Valencia

Más de doscientos pagaron el chantaje

El juez Cano planteó a primeros de diciembre una cuestión de competencias ante el Tribunal Supremo después de que el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que dirige José Luis Calama, rechazara hacerse con la causa argumentando que “no quedaba acreditada la existencia de una generalidad de personas, en el sentido de una pluralidad importante de sujetos pasivos afectados”, informa el TSJA.

El magistrado turolense, por su parte, destaca que, según los informes de la Policía Judicial de la Guardia Civil, “existirían un total aproximado de cuatro mil potenciales perjudicados ubicados en la práctica totalidad del territorio nacional y de los cuales más de doscientos podrían haber efectuado ingresos en las cuentas de los investigados”.

Las diligencias continúan declaradas secretas mientas el Supremo dirime la cuestión de competencia entre los dos tribunales.