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La Guardia Civil de Lugo desarticula una organización delictiva dedicada a estafar mediante la venta de autocaravanas

autocaravanas

Se ha procedido a la detención de 10 personas y se han recuperado cinco autocaravanas, valoradas en 160.000 euros, utilizadas como “gancho” para el engaño y venta, que previamente habían sido apropiadas indebidamente. Se estima que el beneficio obtenido por la comisión de las estafas ascendería a un valor total de 171.547 euros

18 de octubre de 2019 La Guardia Civil, en el marco de la operación BENIMARY, ha procedido a la detención de 10 personas pertenecientes a una organización delictiva asentada en Galicia y Castilla la Mancha, dedicada a la comisión de estafas mediante la venta de autocaravanas recuperándose 5 de estos vehículos, valoradas en 160.000 euros que eran utilizadas como “gancho” para el engaño y posterior venta, que previamente habían sido apropiadas indebidamente.   

Se han bloqueado un total de 22 cuentas bancarias, de las que 7 habían sido dadas de alta a nombres de personas ajenas al grupo investigado, con el fin de recibir los ingresos del dinero procedente de las estafas. Se estima que el beneficio obtenido por la comisión de estos delitos ascendería a un valor total de 171.547 euros

Las investigaciones se iniciaron, cuando los agentes detectaron varias estafas en la venta de vehículos (autocaravanas) en la provincia de Lugo. Una vez recabadas las denuncias interpuestas y analizados los datos aportados por las víctimas de los hechos, la Guardia Civil pudo constatar un conexión en el modus operandi a la hora de realizar dichas estafas.

Estafa en la venta de autocaravanas

Continuando con las investigaciones, los agentes descubrieron que la organización publicitaba anuncios de ventas de autocaravanas, que inicialmente no poseían, en portales de internet dedicados a la compra y venta de vehículos. 

Posteriormente, las víctimas establecían contacto con los supuestos vendedores  de los vehículos, mediante los números telefónicos insertados en los anuncios para iniciar el trámite comercial de compra/venta. Llegado al acuerdo de compra, los vendedores en ocasiones solicitaban un adelanto económico en forma de señal para su reserva, en otras ocasiones un pago parcial, que era ingresado en cuentas bancarias previamente abiertas. Una vez, realizados los ingresos las víctimas no volvían a tener más noticias de los supuestos comerciales.

Con el tiempo, esta modalidad de engaño la fueron cambiando con el objetivo de incrementar beneficios económicos. Para ello, los integrantes de la organización efectuaban el alquiler de las autocaravanas a personas físicas y jurídicas dedicadas al alquiler de estos vehículos sin conductor.

Una vez que los integrantes tenían en su poder la documentación de los vehículos que habían alquilado y habían pactado el plazo de alquiler realizaban su venta sin que el arrendador y el destinatario final del vehículo tuvieran conocimiento de la estafa.

Para vender estas autocaravanas, la organización  insertaba anuncios de venta en los portales de internet para establecer la relación comercial de compra/venta. Posteriormente,  efectuaban la entrega de los vehículos en unión de su documentación y factura de compra. Esta acción les reportaban cantidades que oscilaban entre 30.000 y 40.000 euros por la venta de cada vehículo.

Para ocultar su identidad, el líder de la organización y sus tres principales colaboradores, hacían uso de empresas inexistentes y de personas físicas ajenas al grupo delictivo. De esta manera, emitían los contratos de compra/venta y facturas. Asimismo, los números de teléfonos insertados en los anuncios eran números de tarjetas prepago a nombre de terceras personas ajenas al grupo y las cuentas bancarias donde se realizaban los ingresos de las cantidades de dinero estafado, eran previamente abiertas mediante la modalidad “online”, valiéndose para ello de documentación que el líder del grupo y otros componentes disponían por su actividad laboral relacionada con la compra y venta de vehículos. 

Para la retirada del dinero hacían uso de tarjetas asociadas a las entidades bancarias abiertas. Estas entidades tenían contratado con empresas de transporte de paquetería el servicio de entrega de las tarjetas bancarias. Cuando el mensajero iba a hacer entrega de dichas tarjeta, las direcciones o números de teléfono facilitados eran inexistentes, motivo que obligaba a la empresa de transporte a ponerse en contacto telefónico con el cliente para establecer un nuevo lugar de entrega. De esta manera, como los receptores de las tarjetas nunca eran los clientes destinatarios, se personaban integrantes del grupo portando y facilitando una copia del documento nacional de identidad.

Una vez en posesión de las tarjetas bancarias, retiraban el dinero en distintas entidades bancarias, minutos antes de las 00:00 horas de la noche y minutos después, por importes de 1.000 y 2.000 euros con el fin de no superar el límite establecido por las entidades bancarias. Para ello, hacían uso de prendas de vestir, gafas de sol e incluso pelucas para imposibilitar una identificación.

Resultado final de la InvestigaciónDe los tres registros domiciliarios efectuados, se ha intervenido diversa documentación, fotocopias documentos nacionales de identidad, tarjetas bancarias y tarjetas prepago de telefonía móvil, relacionados con los hechos investigados.

Se ha podido comprobar la continua actividad delictual en la comisión de estafas, apropiaciones indebidas, falsedades documentales, usurpaciones de identidad, pudiéndose contabilizar la totalidad de  diecisiete denuncias por estafas y apropiaciones indebidas, por un valor aproximado de 171.547 euros estafados. Asimismo, se ha localizado e informado de los hechos a 21 víctimas de las estafas y apropiaciones indebidas y a 24 víctimas de identidades usurpadas para la consumación de los hechos penales.

Las estafas han sido cometidas  en, Lugo, Tenerife, A Coruña, Pontevedra, Albacete, Menorca, Madrid, Toledo, Salamanca, Cáceres, Cuenca, Córdoba, Málaga, Ourense y Sevilla

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo (Área de delitos contra el patrimonio-económicos) y nuevas tecnologías, bajo la dirección de la titular del Juzgado de Instrucción de Becerreá (Lugo).